Autora: Catalina Gil Pinzón.Consultora independiente en política de drogas, seguridad y género. Maestría en Estudios de Desarrollo con especialización en Conflicto, Reconstrucción y Seguridad Humana de la Erasmus University Rotterdam – ISS.
En la actualidad, múltiples países de América Latina se encuentran inmersos en serias crisis de seguridad. Por ejemplo, los índices de violencia en Ecuador han alcanzado niveles históricos, siendo el asesinato del candidato presidencial Villavicencio un lamentable ejemplo de la compleja situación que atraviesa el país. El recrudecimiento de la violencia en México continúa, como se evidenció con la desaparición de cinco jóvenes en Jalisco y el hallazgo de al menos trece cadáveres en Veracruz. En tanto, la apuesta por la llamada paz total en Colombia está permanentemente marcada por la incertidumbre en un escenario donde las disputas territoriales entre grupos armados se intensifican, hay atentados a miembros de la policía, carnetización de la población civil, y reclutamiento forzado de menores. Finalmente, el presidente Boric tuvo que adoptar diversas medidas de seguridad pública en Chile, como respuesta al asesinato de al menos tres carabineros y el incremento del uso de armas de fuego.
Algunos de estos desafíos han trascendido las fronteras, convirtiéndose cada vez más en retos transnacionales, como la trata de personas, el narcotráfico, o el crecimiento del crimen organizado. Es así como la seguridad se sitúa en el corazón de las agendas y conversaciones públicas a nivel nacional y regional, lo que brinda una oportunidad para replantear el enfoque tradicional con que los gobiernos abordan este tema. Durante décadas hemos observado que la seguridad ha sido una agenda históricamente dominada por hombres, tendiendo a ser poco diversa en su diseño y ejecución. Junto con ello, ha privilegiado la defensa militar y policial y favorecido la implementación de medidas reactivas, populistas y punitivas que a menudo preparan el terreno para el surgimiento de líderes e ideas autoritarias.
Es en este contexto que la Política Exterior Feminista (PEF) emerge como una herramienta valiosa para cuestionar el enfoque tradicional arraigado en materia de seguridad, en la medida en que su implementación exitosa multiplicaría la pluralidad de visiones entre los tomadores de decisión. A pesar de que no todos los países de la región han adoptado una PEF y que su novedad genera vacíos y dudas en torno a su implementación y su verdadero impacto, establezco cuatro estrategias para entrelazarla con la seguridad. Estas iniciativas parten de la premisa central de que las PEFs buscan la igualdad, la inclusión de género y la transformación de las relaciones de poder patriarcales y excluyentes arraigadas en nuestra sociedad.
El primer paso necesario, aunque insuficiente por sí mismo, es buscar y promover el nombramiento de mujeres en puestos de liderazgo dentro de las instituciones encargadas de asuntos de seguridad. A pesar de los avances, aún perduran estereotipos y sesgos de género que han resultado en una prolongada subrepresentación de las mujeres en los debates públicos y en los puestos de liderazgo en materia de seguridad. Dicho de otra manera, esto ha llevado a un histórico predominio masculino en este sector. Como consecuencia, en ámbitos tanto regionales como internacionales son principalmente los hombres los que ejercen la representación de sus respectivos países. Ejemplos recientes incluyen el Encuentro de Dirigentes Superiores de Policía en la Cumbre Amazónica o la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas del 2022.
Un incremento en la designación de más mujeres no debe realizarse únicamente en aras de la representación equitativa de la población, sino también por una razón fundamental: existe un abundante número de mujeres con amplios conocimientos y habilidades en seguridad, que trascienden incluso más allá de los temas tradicionalmente asociados a ellas, como la violencia contra las mujeres.
Otro efecto notable de la política tradicional de seguridad es su escasa consideración por el impacto diferencial que la violencia e inseguridad tienen sobre las personas, especialmente en los grupos más vulnerables de la población. Para revertir esta situación, una segunda estrategia está dirigida a fortalecer los espacios de intercambio de buenas prácticas entre los países, mejorando la revisión de la evidencia disponible, los sistemas de información y construyendo agendas de cooperación efectivas contra los distintos formatos de violencias de género.
Una tercera línea de acción, está relacionada con la situación de las mujeres privadas de libertad en América Latina y la falta de perspectiva de género para abordarla. Las detenciones de mujeres en la región han ido en aumento y se debe principalmente a las políticas de drogas cada vez más punitivas y poco eficaces. Muchas de estas mujeres cometen delitos menores y no violentos, y su encarcelamiento tiene poco impacto real en el funcionamiento del mercado ilegal de drogas. Además, como en el caso de Colombia, comparten características estructurales, como niveles educativos bajos, experiencias de embarazo adolescente y haber sido víctimas de violencia doméstica, entre otros factores. También resulta fundamental recordar que el encarcelamiento de mujeres tiene un impacto diferenciado sobre la sociedad debido a que se derrumba todo un sistema de cuidado que de ellas dependía, por su condición de madres y principales cuidadoras.
En consecuencia, un componente esencial de la PEF en materia de seguridad implica también promover discusiones de reforma al actual sistema internacional de control de drogas. Por ejemplo, numerosos países tienen la oportunidad de aprovechar los espacios de decisión existentes, como la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, para impulsar una agenda que avance en la regulación de los mercados de drogas declarados ilegales. A nivel regional, debe fortalecerse una agenda común centrada en la eliminación de sanciones penales asociadas al porte y consumo y la exploración de alternativas al encarcelamiento para delitos menores y no violentos.
Por último, es fundamental fortalecer las relaciones con organizaciones de la sociedad civil de mujeres trabajando en temas de seguridad y paz, ya que pueden ser grandes aliadas para sacar adelante retos importantes en materia de política exterior, como la agenda Mujeres, Paz y Seguridad (MPS). Conocer las necesidades, capacidades e intereses de estas organizaciones nutre la política exterior de los países, y permite acercar los beneficios de una política exterior bien ejecutada al interior de los países.
En definitiva, una Política Exterior Feminista vinculada a los desafíos a la seguridad puede ayudar a desarrollar políticas más eficaces e integrales. Sin embargo, esta no puede ser meramente una fachada. Todos los esfuerzos deben encajar con la realidad de cada país, para propender a la permanencia de largo plazo de estas iniciativas. Para conferir solidez y coherencia a esta política, tanto en el extranjero como en el ámbito doméstico, se requiere un compromiso genuino por parte de los liderazgos políticos. Por ello, es clave que los anuncios se traduzcan en la asignación efectiva de recursos, transitando desde las meras promesas a acciones concretas.
